Hacer negocios en zonas de guerra puede resultar rentable pero entraña graves problemas éticos y jurídicos. Este ha sido el caso de la cementera francesa Lafarge, acusada de financiar a los terroristas yihadistas, de violar un embargo internacional y de poner en peligro al personal de su fábrica en Siria.
El grupo multinacional del cemento acogió con alivio la decisión del tribunal de Apelaciones de París, ayer, de anular la imputación de “complicidad con crímenes contra la humanidad”. Habría sido muy grave, algo sin precedentes. Pero siguen siendo muy serios los cargos que se mantienen, entre ellos el de financiar al terrorismo, debido a los 13 millones de euros que, en los años 2013 y 2014, su filial Lafarge Cement Syria presumiblemente pagó a la organización Estado Islámico (EI) y al Frente Al-Nusra, franquicia de Al Qaeda en Siria, para poder seguir operando en el país árabe.
Lafarge ha admitido haber entregado dinero a grupos armados, pero niega haber financiado al terrorismo. Su prioridad absoluta, según la empresa, fue siempre garantizar la seguridad de su personal. A la cementera se le acusa también de haber vendido cemento al EI y de haber pagado a intermediarios para suministrar productos a facciones yihadistas.
Publicado: 10 Nov 2019, 19:09