El presidente es conocido por su grosería, falta de respeto y vulgaridad cuando se dirige a sus críticos u oponentes, ya sean periodistas, artistas o académicos. Su virulencia es especialmente dura cuando sus blancos son mujeres. Hace unas semanas, Bolsonaro calumnió públicamente a la periodista Patricia Campos Mello, de Folha de S. Paulo, con acusaciones de que intentó obtener una primicia por medio de insinuaciones sexuales. La verdad es que Patricia Campos Mello ha investigado y publicado pruebas sólidas sobre el uso no regulado de las estrategias de comunicación de Whatsapp por la campaña electoral de Jair Bolsonaro en 2018.
Esta no fue la primera vez que el presidente Bolsonaro agredió abiertamente a la periodista, pero nunca antes de manera tan brutal y cruel, cruzando la línea del delito menor. Dada la inusual respuesta pública que sacudió el debate nacional, su hijo Eduardo Bolsonaro, miembro del Congreso, acudió en ayuda de su padre en un debate de la Cámara, donde atacó una vez más a las mujeres. Replicó el gesto que el presidente Bolsonaro usa contra los periodistas cada vez que le disgustan sus preguntas, dándole el dedo a una parlamentaria.
Este lamentable episodio es solo uno más en una serie larga y acumulativa de actos realizados por el presidente Bolsonaro que comenzó incluso antes de asumir el cargo. Sin embargo, más claramente de lo que ha sucedido antes, el ataque vicioso contra Patricia Campos Mello viola evidentemente las reglas explícitas sobre cómo debe comportarse un presidente y lo hace potencialmente sujeto a acciones judiciales por mala conducta presidencial. La pregunta que debe hacerse es ¿por qué esto no está sucediendo como se esperaba?
En el transcurso de las últimas dos semanas, múltiples voces del mundo académico, la prensa y la sociedad civil pidieron que el acto de discurso repugnante de Bolsonaro sea interrogado judicialmente. Por otro lado, lamentablemente, los líderes clave de todo el espectro político permanecieron en silencio o hicieron un llamado a la moderación política y la paciencia histórica.
Por el contrario, en 2016, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida de su cargo a pesar de la evidencia insuficiente y truncada de mala conducta. Su juicio político fue un espectáculo de agresividad, sexismo y prejuicio que nos obliga a concluir que, finalmente, en Brasil, el estado de derecho está profundamente sesgado por el género a favor del dominio masculino en todas las esferas, especialmente en política.
