El pasado miércoles 24 de enero, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, declaró el estado de emergencia en la totalidad del territorio debido a la crisis migratoria que se desarrolla en la frontera sur de los Estados Unidos.
A su vez, se declaró en desacato hacia los requerimientos del gobierno de Joe Biden, y rechazó los reiterados pedidos por parte de la Casa Blanca de cesar con las medidas para frenar la inmigración ilegal en el estado sureño, y de derrumbar partes del muro de Trump y sacar el alambre de púas que se colocó en los segmentos donde el muro quedó incompleto.
Adicionalmente, el mandatario republicano movilizó a la Guardia Nacional de Texas a la frontera, y ordenó privar de sus funciones a la Guardia Nacional Federal y a la Patrulla Fronteriza, que responden directamente al presidente Biden, y que tenían la orden de no frenar ningún ingreso irregular.
Inmediatamente, los demás estados del país comenzaron a declararse a favor o en contra de la disputa militar entre Texas y el gobierno con sede en Washington D.C. En cuestión de dos días, 25 estados expresaron su apoyo a la medida de Abbott, e incluso 14 de éstos decidieron movilizar sus Guardias Nacionales y enviarlas a Texas a ayudar a proteger las fronteras.
En medio de esta situación además, Abbott, se encuentra librando numerosas batallas judiciales contra la administración Biden por diversas causas, entre las que se encuentra la crisis migratoria. Una de estas mencionadas disputas legales resultó en que una corte habilitara al Gobierno federal a cortar el alambrado con púas dispuesto por el gobierno de Texas y las boyas en el Río Grande, lo que desató el conflicto.
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