Esto indica que la corrupción sigue siendo un desafío significativo en todo el mundo, con una puntuación promedio global de apenas 43. La falta de mejoras en la lucha contra la corrupción es evidente en todas las regiones, destacando la persistencia de desafíos en África subsahariana, Europa del Este, Asia Central, Oriente Medio y África del Norte.
En el extremo superior del índice se encuentran Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con altas puntuaciones de 90, 87 y 85, respectivamente. España, sin embargo, mantuvo su puntuación en 60, aunque su posición en el ranking cayó ligeramente del puesto 35 al 36. Uruguay y Chile, países latinoamericanos, superaron a España en la percepción de corrupción en el sector público.
En el extremo opuesto, Somalia, Siria, Sudán del Sur y Venezuela son los países más afectados por la corrupción, con puntuaciones muy bajas. La conexión entre conflictos armados, regímenes autoritarios y bajas puntuaciones en el índice subraya la relación entre estabilidad política y corrupción en el sector público. La situación humanitaria en estos países es desoladora, con conflictos, desplazamientos masivos y crisis económicas afectando gravemente a sus ciudadanos.
España desciende en el ranking mundial de corrupción bajando un puesto con respecto a 2022 y se sitúa por debajo de Taiwán, Uruguay e Israel
