Después de casi siete años de dudas personales sobre la materia, Emmanuel Macron ha decidido finalmente anunciar una ley “de ayuda a morir”, un concepto que, según él, no es lo mismo que la eutanasia o el suicidio asistido. El eufemismo refleja la casi obsesiva voluntad de equilibrio del presidente y, en cierta manera, la vocación francesa de soberanía, de hacer siempre su propio camino, también en el ámbito ético.
El proyecto de ley iniciará su trámite parlamentario después de que el Gobierno dé luz verde al texto en abril. El debate, por tanto, irrumpirá de lleno en las elecciones europeas del 9 de junio y contribuirá a polarizar a los votantes y a calentar la campaña.
La futura ayuda legal a morir será posible solo “bajo estrictas condiciones”. Solo podrán acogerse las personas mayores de edad y en pleno uso de razón. Quedan excluidos, por tanto, para evitar abusos, los enfermos de alzheimer o con dolencias neurodegenerativas, y las personas con problemas psiquiátricos. Un requisito de los demandantes será que sufran una enfermedad incurable o con pronóstico vital muy grave a corto o medio plazo. Este último criterio sugiere un abanico potencial amplio que ya preocupa a los detractores. Un equipo médico tendrá que decidir, de manera colegial y transparente, sobre los casos.
La administración del fármaco letal la hará el propio enfermo, si le es físicamente posible, o una persona que él designe, que puede ser un ser allegado, si acepta, o una enfermera o médico. Habrá un plazo de tres meses para que la decisión se materialice, salvo que la persona cambie de opinión. La seguridad social se hará cargo del gasto que este procedimiento de ayuda a morir conlleve.
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