Con la causa abierta por supuesta financiación ilegal del PP balear ya son tres las autonomías donde gobierna el partido conservador sospechosas de una grave práctica de corrupción consistente en adjudicar contratos con dinero público a empresas que acaban financiando actos electorales de esta formación política.
El caso Gürtel, cuyo epicentro es la Comunidad de Madrid, destapó varios casos de supuesta financiación ilegal del PP a través de las empresas con las que intermediaba Francisco Correa, jefe de la trama. El mecanismo era parecido al descubierto ahora en Baleares. Correa influía sobre alcaldes del PP para que adjudicaran contratos a unas empresas determinadas. Estas pagaban comisiones por esas adjudicaciones a la trama Gürtel quien, a su vez, acababa desviando una parte de esos fondos a actos electorales del PP.
En la Comunidad Valenciana, la investigación del caso Gürtel descubrió cómo el Partido Popular financiaba muchos actos electorales con dinero de empresas privadas que, a su vez, eran contratistas de la Administración.
Estas empresas contratistas aparentaban contratar servicios con las firmas de la trama Gürtel y les pagaban unas cantidades de dinero que, en realidad, servían para financiar actos de distintas campañas electorales del PP en esa comunidad autónoma.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana abrió hace meses una causa a la financiación ilegal del PP y mantiene imputados a los empresarios que supuestamente financiaron ilegalmente a esta formación política y a varios miembros del Gobierno autónomo que presidía Francisco Camps.
En la Comunidad de Madrid, el caso Gürtel sigue instruyéndose en la Audiencia Nacional con una causa única en la que se acumulan distintas irregularidades, entre ellas los contratos adjudicados por determinados Ayuntamientos, gobernados por el PP, que dieron lugar a comisiones ilegales que recaudó la trama Gürtel y que, supuestamente, acabaron financiando actos del PP.
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