Los miembros de la izquierda independentista critican que los Mossos investigasen la quema de retratos del monarca
Los cinco miembros de la izquierda independentista catalana investigados por quemar fotos del rey Felipe VI durante la última Diada han anunciado que no irán a declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 7 de diciembre. El juez Fernando Andreu les había citado ese día en la causa que les investiga por un presunto delito de injurias a la corona.
"No tenemos ni rey ni miedo", ha dicho Ivan Altimira, militante de la CUP e investigado, en una rueda de prensa en la plaza del Rey de Barcelona este viernes para anunciar su decisión de plantar al juez.
La quema de fotos del rey, así como de banderas españolas y francesas, es algo habitual en las manifestaciones que la izquierda independentista –la CUP, Endavant, el sindicato COS o la organización estudiantil SEPC– convoca cada año por la Diada. No obstante, tras la del último 11 de septiembre, los Mossos d'Esquadra investigaron la quema del retrato del monarca y el PP la llevó a la Fiscalía.
El pasado 20 de octubre, después de un informe de la policía catalana, se dio por identificadas a las cinco personas que ahora están investigadas. Una de ellas es Aitor Blanc Aranjuelo, concejal y portavoz del grupo municipal Som Gramenet (coalición formada por Podemos y la CUP). Otro tres son militantes de la CUP y también hay otro simpatizante de la izquierda independentista. Finalmente, el pasado 15 de noviembre el juez los citó a declarar.
Por su lado, otra de las investigadas, Nora Miralles, se ha reafirmado en que quemaron las fotografías del monarca y ha criticado la investigación de oficio sobre los hechos que inició la policía autonómica.La militante ha considerado que con la quema de fotos "se ejercía el legítimo derecho a rechazar la monarquía", y ha añadido: "Que los Mossos se posicionen: o con el 'procés' o con los borbones".
Con su decisión de plantar al juez, los cinco miembros de la izquierda independentista se suman a otros militantes de la CUP, como el concejal de Vic, Joan Coma, o la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, que también decidieron no ir a declarar cuando el juez que les investiga los citó.
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