La Ley de Memoria Democrática exonera al PSOE de todos sus crímenesLo peor que podemos decir del sistema partidocrático es que ningún diputado de la derecha se atrevería defender verdades empíricas que solo podrían ser refutadas en el actual clima de depravación moral e ideológica en el que sobrevive este sistema.
Las libertades del ser humano no se limitan solo al ámbito político, ya que éstas son solo una dimensión de la libertad humana. En efecto, la vida humana opera a muchos niveles, se desarrolla en muchos planos y dimensiones, de las cuales la esfera política es la menos importante. Por ejemplo, ¿es democrático que la gente vote a quien se le dice en unos medios de comunicación totalmente controlados por el psicopático clan mundialista, que son quienes eligen verdaderamente a los que deben ostentar el poder de acuerdo con sus luciferinos intereses? ¿Se puede llamar a esto democracia? ¿Se puede llamar a esto libertad política? Frente a esta farsa, frente a este trampantojo, está la democracia orgánica, fundamentada en que todo individuo pertenece a una familia, un municipio y un sindicato, que son las tres instancias que verdaderamente representan a los ciudadanos, y no los corruptos y traidores partidos políticos, que anteponen sus intereses a los de la Patria y el Bien Común.
La Ley de Memoria Democrática viene a criminalizar la España de Franco, epítome de todas las maldades humanas. Procede preguntar a los promotores de la citada ley por qué la inmensa mayoría de los que vivieron en la España de Franco jamás tuvieron la sensación oprobiosa de vivir bajo una sanguinaria tiranía, ni mucho menos, ya que disfrutaron de una inmensa panoplia de libertades. De ahí la abrumadora adhesión al Caudillo, y la nula oposición democrática que tuvo durante 40 años.
Sí, la España de Franco fue una dictadura, aunque más bien habría que calificarla de «dictablanda», pues dictadura es una palabra que hay que reservar para regímenes totalitarios como los comunistas, como el que quería implantar la Segunda República, con un Estado policial dirigido por un partido monolítico controlando absolutamente la vida y las creencias de los ciudadanos. Contra este régimen que quería implantar la dictadura del proletariado se levantó Franco, y no contra una democracia legítima.
Cuando una ley no es justa y responde a una concepción sectaria y arbitraria de unos determinados hechos históricos, se convierte en imperio su derogación, que es lo que ha prometido hacer Alberto Núñez Feijóo tras el más que previsible cambio de gobierno en 2023. No se puede aceptar como justa una norma que actúa con una doble vara de medir en base a interpretaciones ideológicas. No se puede penalizar una parte de nuestra historia estableciendo un fraudulento maniqueísmo de buenos y malos. Los malos, por supuesto, son los franquistas; los buenos, los que con la mascarada del antifranquismo prohíben cualquier debate en torno a su responsabilidad en los hechos que hicieron inevitable la contienda civil. Y es curioso que se defienda la Ley de Memoria Democrática en nombre de un partido que ha sido sobre todo ejemplo de subversión del orden legal.
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