¡Rebélate!

[cu_cut]

¡Rebélate!



Vicenç Navarro

Este artículo es una reflexión sobre el presente tomando el pasado como guía de a dónde debiéramos ir. Después de todo, los valores republicanos son la máxima expresión de los valores democráticos que tendríamos que sostener en un sistema político, en el cual cada ciudadano tuviera la misma capacidad decisoria en la gobernanza del país, sin cortapisas o leyes electorales que den más peso a unos que a otros, como está ocurriendo en España. La Transición inmodélica de la dictadura a la democracia produjo una cultura escasamente democrática y un proceso electoral que estaba diseñado –como han reconocido algunos de sus diseñadores– para debilitar a amplios sectores de las izquierdas. Ello ha determinado que, aun cuando las encuestas muestran que la mayoría de la población española está en el centro-izquierda e izquierda, las políticas de izquierda (a pesar de grandes avances) no han dominado la mayoría del comportamiento legislativo durante el proceso democrático. El sustancial retraso del Estado del bienestar español (con el gasto público social per cápita más bajo de la UE-15), 30 años después de la democracia, es un indicador de ello.

Nuestro sistema electoral es poco representativo y se nota. Y esta escasa representatividad en las Cortes españolas (que se reproduce en los parlamentos autonómicos) va acompañada de unos partidos, la mayoría de los cuales están enormemente influenciados por los mayores medios de información y por grupos de presión, entre los cuales, el capital financiero es esencial. Así, hemos visto cómo se ha desarrollado casi un consenso en los establishments políticos y mediáticos del país sobre la necesidad de retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años, propuesta legislativa del Gobierno que fue aprobada casi por unanimidad en las Cortes españolas. Este casi consenso contrasta con la enorme impopularidad de tal medida entre la ciudadanía, la gran mayoría de la cual se opone. Según la Constitución española, el poder del Estado deriva de la voluntad popular. Pero, si comparamos qué es lo que la ciudadanía desea por un lado y lo que las distintas ramas del Estado (y, muy en especial, la rama legislativa y ejecutiva del Estado) aprueban por el otro, el contraste es significativo.

Otro ejemplo de ello son las medidas que el Estado ha tomado para salir de la crisis (desde la congelación de las pensiones a los recortes radicales que se están aplicando a los ya subfinanciados servicios del Estado del bienestar). Las cotas de impopularidad de estas medidas son muy altas, lo cual no es obstáculo para que se realicen, promovidas por la mayoría de los medios de mayor difusión. Tales medios editorializan y repiten machaconamente que no hay otras medidas posibles en respuesta a factores “externos”, en este caso, los mercados financieros. Acentúan con gran intensidad lo de “externos” a fin de diluir las responsabilidades internas. Pero lo externo es una mera excusa para realizar lo que los establishments financiero, empresarial, político y mediático han deseado siempre: debilitar al mundo del trabajo para optimizar los intereses del capital. Es lo que solía llamarse “lucha de clases”.

Naturalmente que las clases sociales van variando y su conflicto se expresa de muchas formas. Pero hoy este conflicto es de la gran mayoría de la población (clase trabajadora y la mayoría de las clases medias) frente a una enorme concentración de poder financiero y económico español que, en alianza con sus aliados extranjeros, está imponiéndose a la mayoría de la ciudadanía. Por ejemplo, para reducir el déficit, en lugar de congelar las pensiones y recortar los gastos en sanidad, educación, servicios domiciliarios y otros, se podrían haber conseguido 35.000 millones de euros mediante las cargas impositivas de los sectores más privilegiados (sin afectar a la mayoría de la población), tal como han sugerido los inspectores de Hacienda del propio Ministerio de Economía. Es más, mediante la corrección del enorme fraude fiscal –que beneficia primordialmente a la banca, a las grandes empresas y a las rentas superiores (eliminando, por ejemplo, los paraísos fiscales), así como revirtiendo las reducciones fiscales regresivas llevadas a cabo en los últimos 15 años– podrían obtenerse 80.000 millones de euros más.

No es, pues, lo “externo”, sino lo “interno” lo que está obstaculizando la expresión del proceso democrático. Y la ciudadanía es consciente de ello. Encuesta tras encuesta muestra el desapego de la ciudadanía hacia la clase política y hacia los gobernantes. Nuestra democracia está seriamente amenazada. De ahí la urgencia de movilizaciones para continuar la lucha iniciada por las generaciones anteriores en defensa de la democracia. Nuestros padres lucharon para defender la democracia y fueron brutalmente reprimidos como consecuencia de su derrota. Mi generación luchó en los difíciles años cincuenta, sesenta, y más tarde en los setenta, oponiéndose a la dictadura. Fue esta lucha y otras las que fueron responsables del fin de la dictadura. No hay que olvidar nunca que, aun cuando Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle.

Y es ahora cuando hay que luchar para recuperar la democracia que está siendo secuestrada, en la que el Estado está tomando posturas sistemáticamente en contra de la mayoría de la población y en contra de su deseo. Esto es indignante y requiere movilizaciones populares basadas en los valores republicanos que exijan al Estado que responda a la sociedad y no, como está ocurriendo ahora, que se imponga a ella.

[Antipanca]

Eso:



NO LES VOTES,

NI CiU
NI PP
NI PSOE

http://www.nolesvotes.com

[carnota]

Comparto el articulo.
Pero lo que estais diciendo, sin decirlo, es vota UPyD... y yo sigo sin tenerlo claro.

[Asturkick]

carnota, habrá que probar. Quién no apuesta no gana.

[carnota]

Ya lo vere en las generales. Ahora prefiero votar al partido que gobierna en mi ciudad, no en el estado, y la diferencia es bestial, por mucho que quieran convertirlo en otra cosa.

[Gimme Shelter]

¡Rebélate!



Vicenç Navarro

Este artículo es una reflexión sobre el presente tomando el pasado como guía de a dónde debiéramos ir. Después de todo, los valores republicanos son la máxima expresión de los valores democráticos que tendríamos que sostener en un sistema político, en el cual cada ciudadano tuviera la misma capacidad decisoria en la gobernanza del país, sin cortapisas o leyes electorales que den más peso a unos que a otros, como está ocurriendo en España. La Transición inmodélica de la dictadura a la democracia produjo una cultura escasamente democrática y un proceso electoral que estaba diseñado –como han reconocido algunos de sus diseñadores– para debilitar a amplios sectores de las izquierdas. Ello ha determinado que, aun cuando las encuestas muestran que la mayoría de la población española está en el centro-izquierda e izquierda, las políticas de izquierda (a pesar de grandes avances) no han dominado la mayoría del comportamiento legislativo durante el proceso democrático. El sustancial retraso del Estado del bienestar español (con el gasto público social per cápita más bajo de la UE-15), 30 años después de la democracia, es un indicador de ello.

Nuestro sistema electoral es poco representativo y se nota. Y esta escasa representatividad en las Cortes españolas (que se reproduce en los parlamentos autonómicos) va acompañada de unos partidos, la mayoría de los cuales están enormemente influenciados por los mayores medios de información y por grupos de presión, entre los cuales, el capital financiero es esencial. Así, hemos visto cómo se ha desarrollado casi un consenso en los establishments políticos y mediáticos del país sobre la necesidad de retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años, propuesta legislativa del Gobierno que fue aprobada casi por unanimidad en las Cortes españolas. Este casi consenso contrasta con la enorme impopularidad de tal medida entre la ciudadanía, la gran mayoría de la cual se opone. Según la Constitución española, el poder del Estado deriva de la voluntad popular. Pero, si comparamos qué es lo que la ciudadanía desea por un lado y lo que las distintas ramas del Estado (y, muy en especial, la rama legislativa y ejecutiva del Estado) aprueban por el otro, el contraste es significativo.

Otro ejemplo de ello son las medidas que el Estado ha tomado para salir de la crisis (desde la congelación de las pensiones a los recortes radicales que se están aplicando a los ya subfinanciados servicios del Estado del bienestar). Las cotas de impopularidad de estas medidas son muy altas, lo cual no es obstáculo para que se realicen, promovidas por la mayoría de los medios de mayor difusión. Tales medios editorializan y repiten machaconamente que no hay otras medidas posibles en respuesta a factores “externos”, en este caso, los mercados financieros. Acentúan con gran intensidad lo de “externos” a fin de diluir las responsabilidades internas. Pero lo externo es una mera excusa para realizar lo que los establishments financiero, empresarial, político y mediático han deseado siempre: debilitar al mundo del trabajo para optimizar los intereses del capital. Es lo que solía llamarse “lucha de clases”.

Naturalmente que las clases sociales van variando y su conflicto se expresa de muchas formas. Pero hoy este conflicto es de la gran mayoría de la población (clase trabajadora y la mayoría de las clases medias) frente a una enorme concentración de poder financiero y económico español que, en alianza con sus aliados extranjeros, está imponiéndose a la mayoría de la ciudadanía. Por ejemplo, para reducir el déficit, en lugar de congelar las pensiones y recortar los gastos en sanidad, educación, servicios domiciliarios y otros, se podrían haber conseguido 35.000 millones de euros mediante las cargas impositivas de los sectores más privilegiados (sin afectar a la mayoría de la población), tal como han sugerido los inspectores de Hacienda del propio Ministerio de Economía. Es más, mediante la corrección del enorme fraude fiscal –que beneficia primordialmente a la banca, a las grandes empresas y a las rentas superiores (eliminando, por ejemplo, los paraísos fiscales), así como revirtiendo las reducciones fiscales regresivas llevadas a cabo en los últimos 15 años– podrían obtenerse 80.000 millones de euros más.

No es, pues, lo “externo”, sino lo “interno” lo que está obstaculizando la expresión del proceso democrático. Y la ciudadanía es consciente de ello. Encuesta tras encuesta muestra el desapego de la ciudadanía hacia la clase política y hacia los gobernantes. Nuestra democracia está seriamente amenazada. De ahí la urgencia de movilizaciones para continuar la lucha iniciada por las generaciones anteriores en defensa de la democracia. Nuestros padres lucharon para defender la democracia y fueron brutalmente reprimidos como consecuencia de su derrota. Mi generación luchó en los difíciles años cincuenta, sesenta, y más tarde en los setenta, oponiéndose a la dictadura. Fue esta lucha y otras las que fueron responsables del fin de la dictadura. No hay que olvidar nunca que, aun cuando Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle.

Y es ahora cuando hay que luchar para recuperar la democracia que está siendo secuestrada, en la que el Estado está tomando posturas sistemáticamente en contra de la mayoría de la población y en contra de su deseo. Esto es indignante y requiere movilizaciones populares basadas en los valores republicanos que exijan al Estado que responda a la sociedad y no, como está ocurriendo ahora, que se imponga a ella.

[El Charro veton]

EXCELENTE ARTICULO de Navarro que puede que sea el único socialdemócrata honesto de ESPAÑA. Generalmente, es fácil mostrar un alto nivel de coincidencia con sus planteamientos. Pero aquí, en la frase transcrita"""No es, pues, lo “externo”, sino lo “interno” lo que está obstaculizando la expresión del proceso democrático. Y la ciudadanía es consciente de ello"", me da que no acierta. ¿Realmente la ciudadanía es consciente de que la clase política y empresarial tiene secuestrada la democracia? A mí no me parece que exista esa conciencia, porque, si así fuera, creo que nos iría de otra manera.
Así es, a una gran parte de la sociedad le viene bien la sumisión, la democracia de baja intensidad, prefieren que alguien les mande. La democracia real implica participación, lucha, movimiento colectivo y el sistema se ha aplicado en el fomento del individualismo, en el escepticismo social según el cual nada se puede hacer para cambiar las cosas. Esperar que escampe.

[carnota]

la clase empresarial, la clase financiera. Si. La tienen secuestrada, pero no aqui, si no en casi todo el mundo. ¿Recuerdas que los islandeses votaron no a rescatar a los bancos?, pues el congreso islandes se lo paso por el trasero...

[El Charro veton]

Recuerdo ahora esta sentencia "A veces, en un momento de la Historia, los más corruptos e inmorales de una sociedad toman el poder. Cuando esa desgracia ocurre, el pueblo afectado corre el riesgo de hundirse. Es como un cáncer avanzado, casi imposible de erradicar".de Sandro Pertini, presidente de la República Italiana.

Al contemplar los estragos causados en España por los políticos, me pregunto si nuestro país es uno de esos que ha tenido la desgracia de que ""LOS CORRUPTOS" tomen el poder. Quizás no sea para tanto, pero, a juzgar por los resultados, los que gobiernan ESPAÑA llevan años causándole daños terribles: ruina económica, desempleo masivo, pobreza, corrupción descarada, nepotismo, amiguismo, mentiras, engaños, manipulaciones, marginación del ciudadano, ocupación de la sociedad civil, podredumbre de la Justicia, listas negras de adversarios marginados, división de la sociedad, estímulo del odio, trifulcas políticas, blindaje impune de la casta política... estragos que únicamente son explicables si se asume que la política ha sido copada por gente de bajísimo nivel ético, a la que no le ha importado sustituir la democracia por un socio e ilegítimo dominio de los partidos y de los políticos profesionales.

El delegado del gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, se niega a dimitir, a pesar de que se comporta como un comisario del PSOE y que no ha hecho nada por impedir las agresiones a los dirigentes del PP. Nacho Uriarte, presidente de Nuevas Generaciones del PP, se niega a dimitir, a pesar de que ha sido condenado por conducir borracho. Trinidad Rollán, secretario de organización de los socialistas madrileños, también se niega a dimitir, a pesar de que la justicia le ha condenado por prevaricación. Manuel Chaves, vicepresidente tercero del gobierno de Zapatero, se niega a dimitir, a pesar de que los tribunales lo han humillado, obligando a la Junta de Andalucía a que le abran un expediente por haber concedido una subvención de diez millones de euros a la empresa donde trabajaba su hija Paula como apoderada. El gobierno andaluz en pleno, con el presidente Griñán al frente, ni siquiera ha pedido perdón a los andaluces, cuando debería haber dimitido en pleno, por el escámdalo de los EREs falsos, un robo descarado de fondos públicos gracias a los cuales cientos de socialistas y ugetistas cobran pensiones de empresas en las que jamás habían trabajado.

La política española está plagada de profesionales del poder que, desprovistos de honor y de vergüenza, jamás dimiten, y de sospechosos de baja estofa que no pueden explicar su fulgurante enriquecimiento como políticos, un cáncer que afecta a los dos grandes partidos y ante los que la Justicia casi nunca actúa, proyectando hacia la sociedad la imagen insana y democráticamente insorporatable de que los canallas y sinvergüenzas tienen el poder en sus manos.

Felipe González debió dimitir cuando su gobierno se llenó de corruptos y practicó el terrorismo de Estado; Aznar debió dimitir cuando amparó la gran mentira de la guerra de Irak e implicó a España en esa guerra, a pesar de la oposición masiva de su pueblo; el mismo presidente del gobierno actual, Rodríguez Zapatero, tiene decenas de razones para dimitir, más que ningún otro presidente español en los últimos dos siglos, y habría sido obligado a hacerlo en cualquier democracia auténtica del planeta, aunque no en la española, donde, tras la muerte de Franco, parece que se cumplió la sentencia de Lampedusa en el Gatopardo: "cambiar todo para que todo siga igual". Zapatero es culpable de mentir, de despilfarrar, de endeudar al país mas allá de toda prudencia, de alimentar la desigualdad entre los pueblos de España y el separatismo, de amparar a los nacionalistas catalanes, que se declaran insumisos ante las sentencias del Tribunal Constitucional, de convivir fácilmente con la corrupción, de utilizar la Fiscalía con fines partidistas, de usar el dinero público para comprar votos y apoyos y de otros muchas irregularidades y dramas que han convertido a España en un despojo de país, en el que avanzan el desempleo, la pobreza, la miseria ética, el dominio de los corruptos, el caciquismo político, la arbitrariedad pública y otras muchas lacras que, aunque en España no son delito, deberían serlo y lo son en cualquier país decente del planeta
Y TODO ESTO ES VERDAD

[cu_cut]

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Vicenç Navarro

Este artículo es una reflexión sobre el presente tomando el pasado como guía de a dónde debiéramos ir. Después de todo, los valores republicanos son la máxima expresión de los valores democráticos que tendríamos que sostener en un sistema político, en el cual cada ciudadano tuviera la misma capacidad decisoria en la gobernanza del país, sin cortapisas o leyes electorales que den más peso a unos que a otros, como está ocurriendo en España. La Transición inmodélica de la dictadura a la democracia produjo una cultura escasamente democrática y un proceso electoral que estaba diseñado –como han reconocido algunos de sus diseñadores– para debilitar a amplios sectores de las izquierdas. Ello ha determinado que, aun cuando las encuestas muestran que la mayoría de la población española está en el centro-izquierda e izquierda, las políticas de izquierda (a pesar de grandes avances) no han dominado la mayoría del comportamiento legislativo durante el proceso democrático. El sustancial retraso del Estado del bienestar español (con el gasto público social per cápita más bajo de la UE-15), 30 años después de la democracia, es un indicador de ello.

Nuestro sistema electoral es poco representativo y se nota. Y esta escasa representatividad en las Cortes españolas (que se reproduce en los parlamentos autonómicos) va acompañada de unos partidos, la mayoría de los cuales están enormemente influenciados por los mayores medios de información y por grupos de presión, entre los cuales, el capital financiero es esencial. Así, hemos visto cómo se ha desarrollado casi un consenso en los establishments políticos y mediáticos del país sobre la necesidad de retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años, propuesta legislativa del Gobierno que fue aprobada casi por unanimidad en las Cortes españolas. Este casi consenso contrasta con la enorme impopularidad de tal medida entre la ciudadanía, la gran mayoría de la cual se opone. Según la Constitución española, el poder del Estado deriva de la voluntad popular. Pero, si comparamos qué es lo que la ciudadanía desea por un lado y lo que las distintas ramas del Estado (y, muy en especial, la rama legislativa y ejecutiva del Estado) aprueban por el otro, el contraste es significativo.

Otro ejemplo de ello son las medidas que el Estado ha tomado para salir de la crisis (desde la congelación de las pensiones a los recortes radicales que se están aplicando a los ya subfinanciados servicios del Estado del bienestar). Las cotas de impopularidad de estas medidas son muy altas, lo cual no es obstáculo para que se realicen, promovidas por la mayoría de los medios de mayor difusión. Tales medios editorializan y repiten machaconamente que no hay otras medidas posibles en respuesta a factores “externos”, en este caso, los mercados financieros. Acentúan con gran intensidad lo de “externos” a fin de diluir las responsabilidades internas. Pero lo externo es una mera excusa para realizar lo que los establishments financiero, empresarial, político y mediático han deseado siempre: debilitar al mundo del trabajo para optimizar los intereses del capital. Es lo que solía llamarse “lucha de clases”.

Naturalmente que las clases sociales van variando y su conflicto se expresa de muchas formas. Pero hoy este conflicto es de la gran mayoría de la población (clase trabajadora y la mayoría de las clases medias) frente a una enorme concentración de poder financiero y económico español que, en alianza con sus aliados extranjeros, está imponiéndose a la mayoría de la ciudadanía. Por ejemplo, para reducir el déficit, en lugar de congelar las pensiones y recortar los gastos en sanidad, educación, servicios domiciliarios y otros, se podrían haber conseguido 35.000 millones de euros mediante las cargas impositivas de los sectores más privilegiados (sin afectar a la mayoría de la población), tal como han sugerido los inspectores de Hacienda del propio Ministerio de Economía. Es más, mediante la corrección del enorme fraude fiscal –que beneficia primordialmente a la banca, a las grandes empresas y a las rentas superiores (eliminando, por ejemplo, los paraísos fiscales), así como revirtiendo las reducciones fiscales regresivas llevadas a cabo en los últimos 15 años– podrían obtenerse 80.000 millones de euros más.

No es, pues, lo “externo”, sino lo “interno” lo que está obstaculizando la expresión del proceso democrático. Y la ciudadanía es consciente de ello. Encuesta tras encuesta muestra el desapego de la ciudadanía hacia la clase política y hacia los gobernantes. Nuestra democracia está seriamente amenazada. De ahí la urgencia de movilizaciones para continuar la lucha iniciada por las generaciones anteriores en defensa de la democracia. Nuestros padres lucharon para defender la democracia y fueron brutalmente reprimidos como consecuencia de su derrota. Mi generación luchó en los difíciles años cincuenta, sesenta, y más tarde en los setenta, oponiéndose a la dictadura. Fue esta lucha y otras las que fueron responsables del fin de la dictadura. No hay que olvidar nunca que, aun cuando Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle.

Y es ahora cuando hay que luchar para recuperar la democracia que está siendo secuestrada, en la que el Estado está tomando posturas sistemáticamente en contra de la mayoría de la población y en contra de su deseo. Esto es indignante y requiere movilizaciones populares basadas en los valores republicanos que exijan al Estado que responda a la sociedad y no, como está ocurriendo ahora, que se imponga a ella.

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