La reforma constitucional para embridar las finanzas de todas las administraciones públicas, definitivamente aprobada ayer en el Congreso, se está convirtiendo en el gran teatro de la más importante batalla política de los últimos tiempos.
Ya no se trata de qué es lo que se está reformando; cobra cada vez más importancia el precedente que representa: éste es el temor que subyace en las victimistas reivindicaciones de los nacionalistas.
Es evidente que no son asumibles sus propuestas, las cuales van desde el reconocimiento del derecho a la autodeterminación hasta establecer un límite a lo que, en concreto, los nacionalistas catalanes, denominan expolio fiscal. Es un nuevo campo de batalla del tira y afloja de las competencias del Estado.
Los nacionalistas siempre han practicado la política de pequeños pasos hasta la victoria final. Hasta ahora han encontrado éxito entre los grandes partidos españoles. Han presumido de su centralidad política en medio de la “crispación” de aquéllos; una centralidad ficticia, como se ha puesto de relieve.
La reforma constitucional ha sentado un precedente muy malo para ellos: es posible alcanzar acuerdos sobre las grandes cuestiones estructurales del Estado, como, por ejemplo, las de nuestra ingobernable organización territorial.
¿Qué sucedería si se delimitan más y mejor las competencias del Estado en cuestiones esenciales como la sanidad, la gestión del agua y la educación? Ésta es la pesadilla de los nacionalistas, la cual explica su sobrerreacción, porque su fortaleza es directamente proporcional a la endémica incapacidad de los dos grandes partidos para alcanzar acuerdos, salvo la excepción ahora de la reforma constitucional. El que éstos puedan pactar viene a demostrar su propia fortaleza y la debilidad de las minorías que aspiran a la ruptura.
No deja de ser significativo que, al mismo tiempo en que se discute una reforma constitucional que los nacionalistas quieren dulcificar aún más, la prima de riesgo de la deuda española se vuelve a disparar, a pesar de la intervención del BCE. Los mercados y los nacionalismos vuelven a divergir escandalosamente: aquéllos son la expresión de la globalización, mientras que éstos siguen aspirando al mundo del siglo XIX de los Estados-nación.
El hecho de que los nacionalistas catalanes pretendan fustigar a los promotores del acuerdo con la acusación de la ruptura del pacto constitucional es otra muestra de su trasnochada forma de hacer política. Nadie se acuerda de que fue el propio presidente de la Generalitat, el convergente Artur Mas, quien participó con su voto afirmativo en un referéndum ilegal por la independencia de Cataluña. No hay duda de quiénes son los que han roto el pacto constitucional y de quiénes se plantean seguir rompiéndo