,pero debemos recordar que:El viernes 2 de septiembre de 2011 fue aprobada en el Congreso de los Diputados de la Monarquía Partitocrática Española, con premeditación y alevosía, una modificación de la Constitución que desarma en Derecho y materialmente entrega España a los acreedores de su Deuda Soberana (algo que no puede aprobarse ni siquiera con refrendo popular, pues es renunciar a derechos patrios).
La cuestión es tan grave como que la modificación constitucional implica la renuncia de España a un inalienable derecho internacional denominado “INMUNIDAD SOBERANA”. Tal inmunidad establece que el pago de la deuda soberana de un estado libre no puede ser forzado por sus acreedores, quedando obligados estos a aceptar refinanciaciones y modificaciones de los tipos de interés, e incluso a asumir el repudio de la deuda entera, si esta es considerada “deuda odiosa” –es el reciente caso de Islandia–, y contra cuya decisión nadie puede objetar nada en Derecho(1). Ahora, en tanto no derribemos entre todos esta Constitución, el Pueblo español no es ya Soberano, sino cautivo de prestamistas y usureros internacionales.
A partir de ahora, el pago a los acreedores de la Deuda será constitucionalmente prioritario, por encima de los intereses del propio Estado: del pago de pensiones de jubilación, sanidad, enseñanza o sueldos de funcionarios. Una reforma constitucional así no pueden haberla aprobado legítimamente personas en cuyas manos hemos depositado la Soberanía Popular. Es, por lo tanto, una reforma moralmente reprobable, seguramente delictiva y, por lo tanto, será calificada algún día como nula de pleno derecho.
Y a lo que vamos: la modificación constitucional tuvo responsables: fue aprobada con 316 votos a favor (PP y PSOE), 5 en contra (CC, UPyD y dos diputados socialistas,uno por error). Los diputados del BNG, ERC, ICV y Nafarroa Bai abandonaron el hemiciclo cuando se iba a votar la reforma constitucional, un "plante escénico" de rechazo a la misma y al procedimiento por el que se aprobaba, al final de una legislatura, sin debate y sin participación popular. El diputado comunista Gaspar Llamazares se quedó en el hemiciclo para vetar un acuerdo transaccional que hubiera permitido el apoyo de CiU a la reforma constitucional –visto que no le pagaban por el voto, en su tradicional línea corrupta, CiU se abstuvo–.
Tras la votación, el criminal Zapatero –cien veces traidor al Pueblo, pellejo viviente al que la Historia vituperará como a un demenciado Calígula– y los candidatos a futuro criminal-presidente el próximo 20N, Rajoy y Rubalcaba, coincidieron en la satisfacción por la aprobación de la reforma.
YO ya HE ASUMIDO ya de una vez y para siempre,que: los políticos, defensores a ultranza del sistema electoral de listas de partido e inseparación de poderes del Estado, son todos de la misma cuerda, unos criminales que, fingiendo ser representantes del Pueblo Soberano, y en contra de la conveniencia y los derechos de todos los españoles, sirven a los intereses del Sanedrín Financiero Internacional que los tiene agarrados por los testículos mediante la impagable deuda de sus propios partidos. Rajoy y Rubalcaba –y sus camorras, PP y PSOE– son responsables de haber vendido el último derecho internacionalmente reconocido que podría habernos salvaguardado del expolio general de España.
Ahora ya no hay más salida que la anulación de la Constitución Española de 1978 que legaliza el expolio organizado, la instauración una República Constitucional y el encarcelamiento de políticos y financieros corruptos. Recuérdese bien el 20N y óbrese en conciencia.
