que la soberanía nacional reside en el pueblo, hay que pedir que el Estado intervenga en la economía a favor de los débiles(EL RAJOY NO TIENE COJONES,PA ESO Y NI LE INTERESA). Todo lo contrario a lo que está ocurriendo en estos momentos, en que se está interviniendo más que nunca en la economía pero a favor de los bancos y poderes fuertes.Para que os entereis la Constitución no se cumple en su parte social. Medidas como la nacionalización de la banca, la reforma fiscal, el salario mínimo o la pensión mínima, o que se paralicen los procesos en los que la gente pierde sus viviendas siempre que demuestren que no tienen ingresos. Todas esas medidas se pueden hacer con la constitución en la mano. Todos los días se desmienten artículos enteros: el 31 sobre la progresividad de la fiscalidad, el de los convenios colectivos. No se cumple el derecho al trabajo recogido en la Constitución, porque hay cinco millones de parados y tampoco el derecho a una vivienda digna, en un país con 15.000 desahucios cada trimestre.
ampoco se cumple el artículo que establece que la riqueza nacional debe estar al servicio del interés general y no como ahora que está en manos de los especuladores. El gobierno ha violado la Constitución con el escudo antimisiles y vendiendo la soberanía militar a los Estados Unidos, como han vendido la soberanía económica a los mercados y poderes financieros. El Título VII sobre Economía y Hacienda es algo que se incumple totalmente, la planificación democrática de la economía, el tema de la adhesión a la Comunidad Europea, lo de la OTAN, etc.
La crisis está refutando la democracia. Los políticos elegidos por los ciudadanos están siendo sustituidos por los tecnócratas y expertos al servicios del poder financiero neoliberal. Los poderes no pensaban que los españoles pudieran protestar y rechazar el modelo neoliberal. Hemos visto que esta generación está preocupándose por su futuro, porque piensa que no lo tiene asegurado. Hay una angustia ante este modelo neoliberal que está venciendo a los estados a pesar de la crisis, y hasta han puesto a banqueros en el poder en verdaderos golpes de estado financieros.
La reforma expres de la Constitución de 1978 impuesta para limitar el déficit, es innecesaria y un disparate que maniata a las futuras generaciones, pero abre la reivindicación para exigir una nueva, hecha sin la amenaza del ejército y los poderosos, y que convierta al estado español en un estado social de verdad. Las constituciones están para proteger las libertades y derechos, no para sacralizar los dogmas neoliberales. Tras el cambio de la Constitución vienen las privatizaciones y los recortes: sanidad, educación, agua, etc.
El régimen constitucional actual no es el resultado de un proceso constituyente que toma como base la participación popular y los deseos del pueblo soberano, sino es la resultante del pacto del aparato franquista y las élites políticas del país para transformar el sistema político sin cambiar el régimen franquista del movimiento nacional, aprobando una constitución que transfiguraba los principios del movimiento nacional asegurando la pervivencia de elementos estructurales de la legalidad política anterior, la continuidad de las personas que encarnaban a las elites políticas y económicas, y de las instituciones básicas heredadas del viejo sistema franquista.
De esta forma se firman los Pactos de la Moncloa y se forman unas Cortes Constituyentes, tras unas elecciones que se celebran con muy pocas garantías, los censos manipulados y con toda la ventaja para el aparato franquista, e incluso donde un número importante de senadores lo son por “designación regia” y no son electos. Estas Cortes designan a una ponencia constitucional cuyos miembros reciben el texto definitivo del informe sobre el anteproyecto de Constitución, que viene ya redactado de antemano y con el visto bueno del “partido cívico-militar” de Juan Carlos de Borbón.
Los miembros del viejo aparato franquista que acapararon los escaños en las Cortes constituyentes, tuvieron entre sus objetivos principales, acabar con cualquier intento de cambio serio y profundo del régimen, y como tarea, la estructuración y diseño de un sistema político coherente con el mantenimiento de las estructuras anteriores capaz de mantener la preeminencia política y los privilegios de los poderes fácticos, alterando la correlación de fuerzas existente en la sociedad, introduciendo en el texto constitucional “cláusulas de ventaja” de forma que la adhesión al nuevo marco jurídico resultara contundente a la vez que incuestionable.
El plan se mostró efectivo, pero también es verdad que esa contradicción manifiesta que suponía cambiar el sistema político para mantener el régimen condujo a una ambigüedad que se ha comprobado cuando se fueron desarrollando los diversos aspectos y en la puesta en práctica de los preceptos constitucionales.
La monarquía parlamentaria es la forma política actual del Estado, por tanto la Corona no puede ser jurídicamente otra cosa que un órgano fundamental, que, como institución no electiva es inviolable y no está sujeta a responsabilidad según la Constitución, por lo que puede hacer lo que quiera y no responder ante nada ni ante nadie. Además la monarquía recibe de los presupuestos del Estado una importante cantidad para el sostenimiento de su familia que distribuye libremente y sobre la que no tiene que dar cuentas a nadie.
Las funciones del rey no son sólo representativas, como Jefe del Estado le corresponden importantes competencias que podría ejercer de manera efectiva incluso en contra de la soberanía popular si lo considera oportuno. Las principales prerrogativas del monarca son sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes generales, convocar elecciones, convocar a referéndum, declarar la guerra, consentir los tratados internacionales, proponer o nombrar al Presidente del gobierno, nombrar y separar a los miembros del gobierno, conferir empleos civiles y militares, conceder honores y distinciones, ejercer el derecho de gracia, etc.
El rey ejerce también el mando supremo de las Fuerzas Armadas, por tanto el monarca es a la vez Jefe del Estado y Jefe del Ejército, figura constitucional que no es muy usual y que está ligada más bien a regímenes autoritarios. Las Fuerzas Armadas, puesto que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, tienen como misión principal garantizar la soberanía e independencia del Estado, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Su papel como poder fáctico está garantizado y desarrollado en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que atribuye importantes competencias al monarca como mando supremo del ejército, así como al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, que podrían poner en jaque a cualquier gobierno democrático.
La consideración de la religión católica como religión del estado esta presente a lo largo de todo el constitucionalismo español, y de esa forma continúa puesto que los preceptos constitucionales recogen el carácter preferencial de la religión católica cuando se afirma que “los poderes públicos tendrán en cuanta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica”, que en la practica se concreta, entre otras cosas, en el Concordato con la Santa Sede, y en la recepción por vía directa a través de los impuestos (IRPF) y de los presupuestos generales de una importante cantidad de dinero para su sostenimiento, y por vía indirecta en una enorme cantidad en subvenciones, etc.
Por otra parte, el marco jurídico diseñado en la Constitución reconoce las libertades clásicas establecidas desde las revoluciones liberales: el estado de derecho, respeto a la dignidad humana, protección de las libertades, pluralismo político, democrática representativa, imperio de la ley, separación de poderes, pero, en la práctica, el estado no es capaz de asegurar su cumplimiento, convirtiéndolas en cuestiones de segundo orden.
Sin embargo, la constitución si protege celosamente la propiedad privada y el libre mercado en el mundo empresarial, que es una de las bases fundamentales del régimen político, y existen mecanismos rigurosos para hacer cumplir estos principios, mientras los derechos de los trabajadores no aparecen como derechos sociales que no se reconocen que existan sino como “principios en la actividad política y económica del Estado”.
Por último, son también herencia del régimen del franquismo el poder Judicial y los tribunales de justicia, así como el papel que se le asigna a los medios de comunicación, la regulación y los límites de la libertad de expresión y el control de los mismos. Además de otras cuestiones como el “Estado de las Autonomías” y la ordenación administrativa del estado, provincias y diputaciones, que no abordamos en este artículo.
En síntesis, la clase burocrática y la derecha situada en el aparato de estado, trazaron un plan para asegurar la continuidad del régimen franquista, cuyos principales elementos fueron la monarquía, en alianza con los núcleos fundamentales del poder económico, religiosos, aristocrático, político y militar. Los supuestos iniciales para el cambio de sistema político fueron: no cuestionar el sistema socioeconómico establecido en el país, no plantear responsabilidades de la etapa anterior, y que el jefe del estado y del Ejército sería Juan Carlos de Borbón como sucesor de franco y cabecilla del partido cívico-militar, para que luego lo fueran sus descendientes.
