Con la creación en 1721 de la llamada Junta de Gitanos se llegó a la conclusión de la inutilidad de la política seguida hasta entonces hacia esta minoría étnica, así como el inconveniente que suponía la inmunidad eclesiástica para lograr una prisión general. Despojados en 1748 de este derecho, el Consejo de Castilla, con su presidente Gaspar Vázquez de Tablada al frente, acordó su arresto para
“sacarlos de España y enviarlos divididos en corto número a las provincias de América”.
Conocedores de que una medida similar había fracasado en Portugal, se acordó emprender el “exterminio” biológico, por lo que en junio de 1749 ya se planeaba una redada para capturar el mayor número posible de gitanos y gitanas de todas las edades a partir de los padrones confeccionados con motivo de la pragmática de 1745.
Los preparativos para la redada general de gitanos de 1749
A fin de obtener la autorización real, el Consejo justificó la medida para“contener el vago y dañino pueblo que infecta a España”, asegurando ser el único “preciso remedio” el “exterminarlos de una vez”. El carácter universal de la redada se hallaba implícito. Su desarrollo a partir de los listados de familias avecindadas y las instrucciones de captura lo confirma:
“Habiendo resuelto el rey se recojan para destinar como lo tenga por conveniente todos los gitanos avecindados y vagantes en estos reinos, sin excepción de sexo, estado, ni edad”.
El 8 de julio Ensenada enviaba las instrucciones a los tres intendentes de Marina, junto con la relación de los lugares y destacamentos militares designados para desarrollar la operación. Los aspectos económico y logístico fueron cuidadosamente previstos, detallándose incluso la tropa y sus mandos. Éstos, el día 30 de julio, una vez en sus objetivos, abrieron las órdenes y se dispusieron a ejecutarlas “de acuerdo, en la mejor armonía y buena correspondencia” con las autoridades locales.
La ejecución de la redada general de gitanos de 1749
Formadas las partidas con las instrucciones y los listados de las personas sobre las que se debía de actuar, dio comienzo la operación a las doce de la noche del 30 de julio de 1749, momento en que se prendió y sacó de sus hogares a todos los gitanos y gitanas para separarlos a continuación por sexos.
En caso de que alguno se refugiara en sagrado, se le desalojaba caución juratoria, pero si lograba huir, se debía perseguir para que no quedara “en libertad, rastro de gitano de los dos sexos”.
Respecto a los bienes de los presos, se procedió tras la redada a la custodia y cierre de las casas para impedir su saqueo, inventariándose “todos los bienes raíces, muebles o dinero” que se hallaron para su posterior subasta y así costear la propia operación.
En Andalucía, tradicionalmente la región española con más presencia gitana se produjo el mayor número de capturas, especialmente en los reinos de Sevilla y Granada, a pesar de que, como en Cataluña, por no haber llegado la orden, hubo de esperar varias semanas a ejecutarla en poblaciones como Málaga. En total, entre la madrugada del 31 de julio y los meses siguientes, alrededor de 9.000 personas quedaron afectadas.
En casi su totalidad, no hubo resistencia. En Vélez Málaga, por ejemplo, a la llegada de los soldados, los gitanos no esperaron a ser capturados, y ante el asombro de éstos, se dirigieron a la cárcel diciendo que “ya sabían se les habían de prender, y que desde luego venían a que S.M. les mandase donde había de ir”.
Los depósitos provisionales y el replanteamiento del proyecto de “Exterminio”
Los gitanos capturados se enviaron a fortalezas y a espacios públicos como calles y plazas acotadas. Lugares improvisados que presentaron numerosos inconvenientes relacionados con la salubridad y la seguridad.
Ensenada que tenía claro el envío de los hombres a los arsenales, dudaba del destino de las mujeres, pues su prioridad era impulsar su programa reconstrucción naval, por lo que se olvidó de éstas y de los hombres inhábiles para el trabajo. Olvidadas, pasaron años esperando destino. A sus quejas y a la de los gitanos que habían obtenido ejecutorias de castellanía, se unió el malestar del propio monarca por medida tan desproporcionada.
Reunida la Junta de Gitanos Reunida el 7 de septiembre bajo la supervisión de Francisco Rávago, éste criticó con dureza la improvisación con que se ejecutó la redada, pero la Junta no asumió su responsabilidad respecto a la generalidad con que se diseñó, ya que achacó el abuso cometido a la mala interpretación de sus ejecutores.
El Consejo de Castilla recondujo entonces el proyecto y lo centró exclusivamente en los gitanos contraventores, disponiendo en el capítulo sexto de la Orden de octubre de 1749, la libertad a todos aquellos que acreditaran su buena forma de vida. Los que no pudieron hacerlo, Ensenada los distribuyó en función de su capacidad laboral: los hombres útiles mayores de siete años se remitieron a los arsenales, en tanto a los menores se les permitió permanecer con sus madres hasta cumplirla, momento en que pasaban a las maestranzas de los arsenales.
La injusticia cometida hacia unas personas, a las que sin delito ni juicio fueron privadas de su libertad, tuvo su continuación en la aplicación de dicho artículo sexto. Algunos responsables de su custodia señalaron lo desacertado y nada equitativo que resultó, al advertir cómo por ser personas sin familia y sin medios económicos no pudieron “justificar lo necesario para su libertad”.
Casi cuatro mil personas pasaron a sus destinos definitivos, hasta que Carlos III las rescató del olvido y concedió en 1765 su indulto, medida tardía, pues ya se había causado una profunda brecha entre ambas comunidades.
