El Gobierno Vasco documenta 4 113 casos de tortura entre 1960 y 2014.Convivencia 2013-2016. Un objetivo social “ 1/. Dentro de las iniciativas que recogía, la número 6 se definía como “Investigación y acción sobre la tortura”. El Gobierno Vasco encargó el proyecto de investigación a la Universidad del País Vasco que la ha desarrollado desde su Instituto Vasco de Criminología, bajo la dirección de los profesores Francisco Etxeberria, Carlos Martín Beristain y Laura Pego, quienes han contado con varios equipos de trabajo rigurosos y muy reconocidos 2/.
El pasado día 18 dichos investigadores junto con el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Ferrnández, presentaron públicamente el ”Informe final de la investigación sobre tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014” 3/.
Los datos
El informe -referido en la práctica solo a la Comunidad Autónoma del País Vasco- establece un censo de 4 113 casos de personas (17% mujeres y 83% hombres) -nacidas o que viven en la Comunidad Autónoma Vasca- que han denunciado torturas. De ellas, el 17% lo han sido en más de una ocasión, por lo que el número total de personas que las denunciaron es de 3 415. Quedan pendientes de análisis 454 expedientes dado el enorme volumen de información recogido para este estudio, cerrado en agosto de 2017. Se han analizado y archivado más de 26 113 documentos (el mayor archivo sobre casos de malos tratos y torturas hasta el momento). Se han realizado 500 testimonios directos de víctimas de tortura y malos tratos, que sumados a los testimonios recogidos anteriormente y recopilados en audio y vídeo son más de 1 027.
Más allá de los datos, son muy impactantes los relatos –muchos relatos- contados por quienes fueron objeto de esas torturas, cuyas técnicas y porcentajes de aplicación también se determinan.
Tal como se ha mencionado, los casos recogidos en este informe denuncian hechos ocurridos entre 1960 y 2014. Analizando los datos en función del periodo histórico y la década en la que sucedieron, se observa que el 26.3% de los casos hacen referencia al periodo dictatorial (1960-1978) mientras que el 73.4% se refieren a hechos sucedidos en la etapa posterior. Analizándolos por décadas, el 29.6% son casos ocurridos antes de los años 80, el 33.7% casos relativos a la década de los 80, el 21.4% a casos ocurridos en la época de los 90 y el 15.3%, son posteriores al año 2000.
La edad media que tenían las personas que presentaron dichas denuncias en el momento de los hechos relatados era de 27,15 años. De estos, el 2% eran menores de edad en el momento de la detención. Casi en la mitad de los casos, la provincia de nacimiento de los sujetos fue Gipuzkoa (49.3%), seguida de Bizkaia (38%) y Araba (7.6%). Asimismo, se cuenta con un 1.8% de casos de Navarra, un 2.7% de personas que nacieron en otras provincias del Estado español y un 0.6% nacidas fuera de las fronteras del Estado.
Como se expresa en el propio informe: “Estas cifras se encuentran por debajo de la dimensión real de los afectados ya que al menos en el periodo de la dictadura y primeros años de la transición, hasta 1978, solamente hemos podido registrar 1 081 (son el 26,4% del total de los registrados), mientras la práctica generalizada de la tortura en esa época señala que su dimensión fue mucho mayor. Por otra parte, hay que considerar que existen registros de otras personas que no pudieron ser contactadas, que no tuvieron la confianza en el momento para confirmar su denuncia o incluso trataron de olvidar y poner distancia sobre lo sucedido, y que de otros casos ni siquiera existían registros.”
Los casos recogidos implican en un 43.4% a la Guardia Civil, en un 43.3% a la Policía Nacional y en un 8.1% a la Policía Autonómica Vasca. El resto de los casos involucra a la policía municipal, funcionarios de prisiones u otras policías. Se carece de información relativa a los cuerpos policiales implicados en 96 de los casos registrados.
El Estado ha evitado –e impedido en muchos casos- cualquier investigación sobre las denuncias de torturas como se explica en el informe y como se subraya, igualmente, en “País Vasco: Informe de Amnistía Internacional sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, como la tortura” (2017): “El gobierno central se ha olvidado de las víctimas de tortura y se ha opuesto a cualquier medida tendente a su adecuada reparación. Igualmente, en muchas ocasiones la respuesta judicial se ha mostrado ineficiente, tal y como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta en ocho ocasiones desde el año 2010. Amnistía Internacional ha identificado cómo las víctimas de tortura se enfrentan a dificultades, tales como la no identificación de los responsables directos o la negativa del Estado a asumir la responsabilidad civil subsidiaria en muchos de los casos analizados (…) Amnistía Internacional considera que las autoridades españolas deben realizar un reconocimiento expreso y oficial de que la práctica de la tortura en España no ha sido un fenómeno aislado, sino algo extendido en el contexto de la lucha antiterrorista”. De hecho, sólo existen 20 condenas firmes del Tribunal Supremo por casos de tortura y están concentradas entre 1979 y 1984.
1/
http://www.euskadi.eus/contenidos/infor ... vencia.pdfInformación más amplia sobre los documentos hechos públicos por dicha Secretaría:
http://www.euskadi.eus/contenidos/2/ En el “informe final” de la investigación se detalla la composición de esos equipos. Por subrayar sólo un dato: Francisco Etxeberria ha participado y, en muchos casos, ha sido el forense principal de la investigación en exhumaciones de asesinados por el franquismo tras la guerra civil, el caso Lasa y Zabala, la muerte de Victor Jara y de Salvador Allende, los restos de los hijos de José Bretón, el lugar del enterramiento de Miguel Cervantes… Para quien le interese, su curriculum puede encontrarse en
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Etxeberria y, de forma académica en
https://www.ehu.eus/documents/1379901/5 ... dcee12bfed3/
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/a ... 2-2017.pdf