España busca la calificación de Gibraltar como paraíso del blanqueo y jurisdicción fiscal no cooperante
Peñon de Gibraltar en recuadro. Enfrente Marruecos
La colonia británica no responde una de cada tres comisiones rogatorias. Se abre la ofensiva del Ministerio de Hacienda solicitando información de numerosas sociedades
Se espera duro conflicto en ONU, UE, OCDE y GAFI
26.08.2013
La batalla abierta entre España y la colonia británica de Gibraltar a causa de un conflicto pesquero menor amenaza con elevarse a las instituciones de la Unión Europea, la OCDE , el GAFI y todos los foros en los que España pueda dejar patente el daño fiscal que le causa este territorio.
Parece que España se cansó de soportar las pérdidas de capitales producto del contrabando de tabaco, los gibraltareños que viven en España y tienen residencia formal en la la Roca y no pagan impuestos, así como la desviación de capitales españoles a Gibraltar donde las sociedades extranjeras que se establecen disfrutan de condiciones ventajosas como un impuesto de sociedades mínimo (alrededor de un 10%), un impueso personal ridículo o la ausencia de IVA.
El ministo principal de Gibraltar declara que tienen en Gibraltar 18.000 empresas para 32.000 habitantes. De éstas, la mayoría son empresas activas, sólo 4.000 son empresas de inversión.
La causa inmediata o detonante del conflicto ha sido el lanzamiento de bloques de hormigón por la autoridades de Gibraltar en las aguas que España considera propias para impedir que puedan faenar lso barcos de pesca de la vecina localidad española de La Línea. La finalidad sospechada de esta acción es la de proteger un clable submarino de telecomunicaciones que Gibraltar planea instalar para poder desarrollar aún más la industria de juego online.
Naturaleza de Gibraltar
Gibraltar es un territorio británico de ultramar, bajo soberanía del Reino Unido pero reclamado por el Reino de España Gibraltar se encuentra dentro de la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas bajo supervisión de su Comité de Descolonización. Atendiendo al artículo X del Tratado de Utrecht, «la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas» en 1713 sería una propiedad a perpetuidad de la Corona inglesa en territorio de jurisdicción española, debiendo retornar a España si Reino Unido renunciase o enajenase de alguna manera dicha propiedad. El istmo entre el peñón y las otras fortificaciones españolas, desde el punto de vista español y del Tratado, se trata de territorio ocupado.
Gibraltar alberga una población de 32.000 habitantes en una superficie de menos de 7 km2, con una economía basada en el sector de servicios, principalmente como centro financiero, turístico y puerto franco. Aprovechando su privilegiada posición estratégica, cuenta con una base aeronaval de las Fuerzas Armadas Británicas.
Territorio especial en la Unión Europea
Gibraltar forma parte de la Unión Europea (UE) aunque con un estatus especial. Al ser un Territorio Británico de Ultramar, el Reino Unido se encarga de las relaciones exteriores y de los asuntos de negocios. Según el tratado de adhesión del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea en 1973, Gibraltar entraba en la CEE como un "territorio europeo de cuyas relaciones exteriores el gobierno del Reino Unido es responsable". Gibraltar es el único territorio europeo que goza de este estatus en la Unión Europea.
Según lo negociado por el Reino Unido a petición del gobierno de Gibraltar, algunas leyes de la UE no se extienden a Gibraltar. Según varias disposiciones del tratado de adhesión del Reino Unido a las comunidades europeas, Gibraltar:
Está fuera de la unión aduanera de la UE.
Está excluido de la Política Agraria Común (PAC).
Está excluido de la armonización del IVA.
No destina ninguna parte de los ingresos de aduanas a la UE.
Gibraltar, al igual que el Reino Unido, no forma parte del espacio de Schengen, por lo que los controles entre Gibraltar y España no han sido eliminados y cualquier persona que quiera entrar o salir en Gibraltar debe pasar los correspondientes controles fronterizos.
En relación al comercio de bienes, Gibraltar es considerada, de hecho, como país externo por la UE. El euro no es moneda de curso legal, pero se acepta informalmente en la mayoría de los comercios.
El déficit de cooperación de la Roca
Gibraltar no responde a alrededor del 30 por ciento de las comisiones rogatorias, requerimientos de información que realizan los jueces desde España, relacionadas con temas de blanqueo de capitales. El consejero los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) Manuel Redal explica que se trata de datos de la Policía y denunció quela «opacidad» de Gibraltar en cuanto a la información fiscal «nos cuesta muchísimo dinero», informa la agencia de noticias Servimedia.
Redal indica que un paraíso fiscal es aquel que cuenta con una fiscalidad muy baja o que oculta las operaciones financieras a países de fuera. En este sentido, señaló que Gibraltar es un paraíso fiscal para España, ya que la información es «opaca y no es automática». Redal recuerda que en 2009 se redactó un acuerdo para que Gibraltar facilitara información automática a España, pero que no se llegó a firmar por el tema del no reconocimiento de la soberanía. Por ello, Gibraltar «es más importante como paraíso fiscal para España que para otros países», señalaron desde Gestha, para agregar que la comisión que se enviará desde la Unión Europea para analizar los últimos problemas en la zona no supondrá avances es materia fiscal. «Tiene poco que ver con fiscalidad, es más un tema de soberanía», apuntó Redal, quien consideró «imprescindible que se facilite información de forma automática»
Gibraltar como paraíso fiscal no cooperante
Por otra parte, el portavoz de los Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, ha aplaudido la decisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de pedir a Gibraltar datos fiscales de numerosas sociedades. En su opinión, lo que quiere el Ejecutivo español es poder acreditar ante Bruselas que Gibraltar es un paraíso fiscal “no cooperante” que ni siquiera cumple con la normativa comunitaria, a pesar de estar incluido en la lista de la OCDE de “paraísos fiscales cooperantes”. Si España logra su propósito, podría haber consecuencias internacionales, tanto en la UE como en la OCDE, de índole económico para la colonia sobre todo en términos de radicación y movimiento de capitales.
Gibraltar consiguió que le incluyeran en la lista de “paraísos fiscales cooperantes” a raíz de los acuerdos de la reunión del G-20 que tuvo lugar en Londres en el año 2009, según los cuales, no se exigía a los paraísos fiscales que cambiaran su tributación, sino que cooperaran con otros países si era necesario para una investigación judicial o administrativa.
El Peñón no lo consiguió a la primera, pero ya en 2010 se le incluyó en la lista de jurisdicciones “cooperantes” después de haber firmado convenios de colaboración con 18 países, pero no con España, que sólo llegó a rubricar un protocolo de colaboración con el Reino Unido, pero no directamente con Gibraltar por no reconocer la soberanía, pero que no ha tenido efectos prácticos.
Sin embargo, y según publicaba hoy el diario El País, el Ministerio de Hacienda ha pedido por primera vez a Gibraltar datos fiscales de una treintena de contribuyentes amparándose en una directiva de la Unión Europea, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.
Según explica el portavoz de Gestha, la actuación de Cristóbal Montoro se hace con “buen criterio” porque “trata de anticipar esa negativa de información para calificar a Gibraltar como un paraíso fiscal no cooperante”.
La lista negra
Para ello, explica, la Agencia Tributaria realiza una “batería de peticiones de información y si Gibraltar no responde adecuadamente, se vuelve a plantear que Gibraltar no es un paraíso fiscal cooperante”, que es como se califica a los paraísos fiscales incluidos en la “lista negra” de la OCDE.
Pero cree que la intención de Hacienda es, sobre todo, demostrar que Gibraltar no cumple con la normativa comunitaria y que eso “tenga consecuencias en la UE para demostrar que el Peñón no cumple con los protocolos de la Unión”.
De esta forma, explica, el Ejecutivo español podría presionar en la Comisión Europea para que se “obligue” al Reino Unido y a Gibraltar a cooperar “como ha ocurrido con sus islas, como la isla de Man y otras islas del Canal de La Mancha”. “Todas estas islas son paraísos fiscales”, señala Mollinedo, pero recalca que el Gobierno británico se ha visto obligado a dar el paso para que “esas islas faciliten información”. “Sin embargo, con Gibraltar, eso no ha ocurrido”, recalca.
Consecuencias nacionales e internacionales
En cuanto a las consecuencias que puede tener el hecho de que Gibraltar no coopere con las autoridades españolas que le han pedido información de contribuyentes son de varios tipos. En este sentido, explica que podría tener “consecuencias internas” dentro de España que ya prevé la Ley del Impuesto de Sociedades, en la que se precisa que si se hacen negocios con este tipo de territorios se puede modificar la lista española de paraísos fiscales mediante una simple resolución de la Agencia Tributaria, ya que lo contempla la Ley antifraude, que aprobó el Gobierno de Rajoy en el último trimestre de 2012.
De esta forma, se podría obligar a las empresas españolas o a particulares que operen con Gibraltar a cumplir con unos “requisitos muy exigentes” ya que se invierte la carga de la prueba y es el contribuyente el que tiene que demostrar lo que ha hecho.
En primer lugar, que la empresa demuestre que la operación que ha hecho es real; en segundo, que el importe de la operación se corresponde con el normal del mercado; en tercer lugar, demostrar que la factura no es falsa. En este sentido, explica que normalmente, demostrar que la factura es falsa le corresponde a la administración, pero cuando se opera con un paraíso fiscal, “es la empresa la que tiene que demostrarlo, así como que el importe es el normal del mercado”.
Se trata, asegura, de “condiciones muy complicadas porque las empresas tienen que ser muy exquisitas”, ya que si no cumplimentan esos requisitos, Hacienda no tendría en cuenta como gasto deducible determinadas operaciones, las que no se pudieran demostrar, y “eso es complicado y supone un engorro para las empresas”.
Según explica Mollinedo, “es bueno que España reclame una parte de lo que es suyo, porque Gibraltar está contribuyendo al blanqueo de capitales y también las tramas de blanqueo de dinero del terrorismo”. A este respecto, considera que “si España va por ahí”, denunciando el blanqueo relacionado con el terrorismo, “es donde puede conseguir el apoyo internacional”.
Denuncia ante la OCDE
Otra de las medidas que puede tomar el Gobierno español, asegura, es plantear en la OCDE la retirada de Gibraltar de la lista de “paraísos fiscales cooperantes”. Aunque eso es más difícil, asegura, porque tendrían que hacerlo también algunos de los países con los que ha firmado acuerdos de colaboración.
En cualquier caso, si en la evaluación que hace el Comité de Fiscalidad de la OCDE sobre el cumplimiento de los acuerdos firmados con los paraísos fiscales, se observa que reiteradamente no cumple, podría tener consecuencias financieras para el Peñón, sobre todo en cuanto a la radicación y el movimiento de capitales, porque una de las aspiraciones de Gibraltar es que los fondos de pensiones elijan este enclave para radicarse por su fiscalidad favorableFUENTE:
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